El 11 de febrero de 2010, el Tribunal de Pesaro ordenó la incautación de la estatua del atleta victorioso atribuida a Lisipo, confirmando la eficacia de la actuación llevada a cabo por la Abogacía del Estado en apoyo de la política de recuperación y defensa de los bienes arqueológicos en concierto con MIBAC y el mando de los carabinieri para la protección del patrimonio cultural. La disposición constituye el final de un largo asunto judicial que comenzó en 2007 con la denuncia de la asociación "Las Cien Ciudades". Una primera confiscación de un fragmento de la concreción marina que originalmente cubría la estatua fue obtenida por el entonces procurador Gaetano Savoldelli Pedrocchi. El fragmento ahora se conserva en la superintendencia de Ancona. La historia fue compleja, involucrando perfiles de derecho penal y aspectos civiles del derecho internacional público y privado. La decisión representa la afirmación de la plena ley del Estado italiano, tanto a la luz del ordenamiento jurídico interno como del internacional, como prueba de una convicción firme y original del Ministerio Público y de la Fiscalía del Estado sobre la naturaleza esencialmente jurídica de la historia, incluso antes que la ética y la cultura. Era precisamente en el plano estrictamente jurídico que había que resolverlo. La coincidencia entre los principios de derecho y principios éticos evidentes y razones culturales es motivo de aplauso para el decomiso obtenido.